Informe de la CEPAL marca la carencia de infraestructura como la principal limitación para el desarrollo de Santiago

Viernes 18-03-22  La Comisión Económica para América Latina y Caribe (Cepal) en un pormenorizado estudio sobre Santiago del Estero, puntualizó las numerosas falencias en planificación del desarrollo y social que sumen a la provincia entre las más pobres del país.

El estudio fue encargado a la CEPAL, entidad de investigación con sede en Chile, con motivo del bicentenario de la Autonomía Provincial, con la participación de organismos locales y nacionales, con motivo de definir lineamientos para “la transformación productiva”. Lo paradójico es que fue difundido como un diagnóstico para un gobierno que ya lleva 17 años en el poder y es, en parte, responsable de esas falencias.

En la misma introducción se define a la provincia como agropecuaria, con una posición estratégica en el NOA, pero también se advierte un “formidable déficit hídrico” que afecta las dos principales zonas productivas de riego y secano.

Por otra parte, se señala que es la provincia con mayor cantidad de población rural, pero con una dispersión similar a la de la Patagonia, con una densidad promedio que llega a un habitante por kilómetro cuadrado en la zona de secano.

Esa característica provoca la falta de agua para consumo humano y productivo, pero también causa una insuficiente infraestructura eléctrica.

“La dispersión geográfica no es solo una cuestión “natural”, sino que en buena medida se debe a —y se retroalimenta por— la falta de infraestructura, que se vuelve inaccesible para una parte importante del territorio provincial y que se manifiesta, además, en la dificultad para garantizar el acceso a determinados servicios básicos, como la salud y la educación —en especial en las zonas rurales—, a pesar de la existencia de una considerable inversión pública”.

También apunta en otro tramo a problemáticas como los bajos índices económicos, el bajo aprovechamiento del territorio y la macrocefalia (concentración de la mayor parte de la población, un 57%, en el conglomerado Capital-La Banda), el trabajo informal y la expulsión de su población.

“Tanto su producto bruto geográfico (PBG), medido en términos per cápita, como su espacio fiscal, computado en función de los recursos propios —también medido en términos per cápita—, se encuentran entre los más reducidos de las provincias argentinas.

“La elevada incidencia de la informalidad –prosigue-, en cierta medida derivada de los factores mencionados, dificulta, a su vez, la retención de la población en el territorio, lo que da lugar a importantes corrientes migratorias tanto al interior de la provincia —desde los parajes rurales hacia sus principales ciudades— como desde la provincia hacia otras jurisdicciones —las zonas metropolitanas de otras provincias, especialmente Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe”.

En un pie de página advierte que “en las últimas tres décadas cerca del 60% de la población santiagueña en edad laboral emigró hacia centros urbanos”Una provincia expulsora de su población económicamente activa por la falta de horizontes, con todas las letras.

También sostiene que en la zona de secano se multiplicó la siembra de soja, en detrimento de cultivos tradicionales como algodón, trigo y la actividad forestal. Sin embargo, apenas menciona la deforestación como un grave problema, que Greenpeace señala como la jurisdicción con mayor superficie desmontada en las últimas décadas, lo cual fue ratificado por otros estudios de la UNSE.

Además, advierte el organismo que “otra de las dificultades productivas de Santiago del Estero es su limitada capacidad para generar empleo formal, sobre todo privado. Una parte importante de la producción santiagueña, especialmente la vinculada con los sistemas de agricultura y ganadería de subsistencia, se genera en contextos de extendida informalidad y, en general, bajo condiciones fitosanitarias deficientes, lo cual afecta la certificación —en particular de los procesos— y la calidad de los bienes ofrecidos, a la vez que limita su tránsito federal”.

Sobre la generación de trabajo, sostiene que “el empleo público representa más de la mitad de los puestos de trabajo registrados en la provincia. En el ámbito privado, la construcción constituye la actividad principal, que supera incluso al conjunto de las actividades productoras de bienes (manufactureras y producción primaria)”.

Enfatizan que el turismo tuvo una fuerte inversión en los últimos diez años aprovechando recursos naturales como las aguas termales, pero también con el desarrollo del turismo deportivo y de reuniones, sin entrar a analizar el balance de esas inversiones multimillonarias, ni a cargo de quiénes está su explotación (opacas sociedades mixtas SAPEM), ni el empleo de baja remuneración que origina este rubro.

En las estadísticas del Indec y Opex que exhibe, sólo figuran 2.358 empleados registrados en el sector turístico a 2019.

Por último, enumeran las restricciones que debe enfrentar la provincia. Productivas: elevada estacionalidad, reducida escala, baja calidad, elevados costos logísticos y de comercialización, elevada informalidad laboral y de la actividad productiva, escasez relativa de empresas medianas y grandes.

Infraestructura: dificultades en el acceso a la energía, al agua, insuficiencia de caminos y vías de acceso.

Tecnológicas y de formación: escasa presencia de recursos humanos formados, escasa retención de los recursos humanos más calificados, reducido acceso a financiamiento para la producción.

Sociodemográficos: escasez de centros urbanos intermedios (bajas economías de aglomeración), dificultades de acceso a la educación media y superior, flujos migratorios internos y externos negativos.

Institucionales: débil gobernanza local, escaso desarrollo e integración del mercado provincial y del NOA, dificultades en el acceso y la tenencia de la tierra, debilidad de las normativas sectoriales específicas.

El gobierno de Gerardo Zamora no podrá desentenderse de parte de ese cuadro porque hace 17 años se mantiene en el poder, que todo indica pretende ser  vitalicio. Es de esperar que esas “Metas del Bicentenario” no lleven otros 200 años de miseria y desigualdad para la mayor parte de la población, como ha sucedido hasta ahora.

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